Durante su comparecencia ante la Comisión de Educación del Congreso, José Ignacio Wert ha anunciado una profunda reforma en la Secundaria, con la ampliación del Bachillerato y Formación Profesional de Grado Medio a tres años, la elaboración del Estatuto Docente y una nueva asignatura de Educación Cívica y Constitucional.
Madrid. ROSAURA CALLEJA
El ministro comenzó su intervención reconociendo que la grave situación económica y de empleo que atraviesa el país hace “más urgente, si cabe, mejorar el sistema educativo”. A pesar de que España es el 8º país con más gasto por alumno en la escuela pública de la OCDE (casi 2.000 dólares más que la media) y que la ratio es inferior a la media de este conjunto de países (11 fren-
El ministro José Ignacio Wert antes de su comparecencia
en la Comisión de Educación
del Congreso. (Foto: EFE)
te a 13 de la OCDE), “en cuanto a resultados estamos muy por detrás de dichos países”, lo que demuestra que esa enorme inversión de recursos ha sido “muy ineficiente”.
En esta línea, expresó que el primer cambio que necesita la educación española es un “cambio de mentalidad”, por lo que considera indispensable que en la escuela se vuelvan a promover valores como el esfuerzo, el mérito, la satisfacción por el trabajo bien hecho, la autoexigencia, la responsabilidad o el respeto a la figura del profesor”. Para Wert,”la calidad del profesorado es un factor clave para mejorar los resultados” y “ningún sistema educativo puede ser mejor que su profesorado”. Ante la considerable renovación de profesores (hasta 200.000 se jubilarán en la próxima década), afirmó que es el momento de “replantearnos el sistema de acceso a la carrera docente y el progreso dentro de ella”, para garantizar la selección de los mejores y recuperar el prestigio de la profesión.
Estatuto docente
“Tenemos que atraer a los mejores y, además, conseguir que a lo largo de su carrera encuentren los incentivos necesarios para seguir mejorando su trabajo a través de la formación permanente”, señaló, aludiendo al Estatuto del Docente, como marco básico que mantenga el carácter estatal de los cuerpos docentes, que ofrezca la posibilidad de desarrollar una carrera “desde su entrada en el cuerpo, hasta su jubilación” y que contemple el reconocimiento de los docentes como autoridad pública.
Ante los resultados de los informes PISA, que destacan una mayor autonomía de los centros en los países donde los alumnos obtienen mejores resultados, como Finlandia, Japón, Canadá, Corea del Sur y Nueva Zelanda, el ministro se muestra partidario de impulsar la autonomía de los centros en el plano organizativo, curricular y de gestión económica, que conllevaría un incremento en su “rendición de cuentas”. Para lograr este objetivo, apuntó el desarrollo de programas de innovación educativa y la creación de centros de especialización curricular, que ofrezcan diferentes proyectos educativos, mediante el refuerzo y ampliación de los currícula en los ámbitos lingüístico, humanístico, científico, tecnológico, artístico, deportivo y de las tecnologías de la información y la comunicación.
También apostó por “fijar estándares”, que determinen los conocimientos mínimos que deben alcanzar los alumnos en las distintas etapas. Para lo que es preciso, en su opinión, “realizar pruebas externas similares a PISA, pero extendidas a todo el alumnado”.
Bachillerato y FP
Con el fin de dotar de mayor flexibilidad a la educación secundaria, el ministro anunció que emprenderá una “profunda reforma”, que se materializará en 3 cursos de Secundaria común y 3 cursos de Bachillerato o Formación Profesional de Grado Medio. “El primero de esos tres años será obligatorio para todos los alumnos y les orientará bien a la FP o bien a la continuación del Bachillerato”, explicó.
Según especificó, el primer curso obligatorio adelanta un año la posibilidad de optar entre Bachillerato y FP, además de dotarles de una duración de 3 años, que permitirá que los alumnos finalicen estas etapas con una mejor preparación, “similar a la de los jóvenes de otros países europeos”. También considera que facilita la adopción de un “modelo compuesto o integrado escuela-empresa”, que se adapta mejor a las necesidades de cualificación del sistema productivo y que se dará un mayor protagonismo a las empresas, de acuerdo al modelo de FP Dual alemán, “adaptado a las condiciones de nuestro país”. Seguidamente anunció que en los próximos días convocará, junto al Ministerio de Empleo, a los empresarios y a los agentes sociales, “para que todos estemos involucrados en la reforma que planteamos”.
Enseñanza bilingüe
Durante su intervención, subrayó su “apuesta decidida” por fomentar la enseñanza bilingüe español-inglés, porque considera que “aprender inglés es tan básico y necesario como aprender matemáticas o lengua” y se mostró partidario de sustituir “el viejo enfoque de estudiar inglés para pasar a estudiar en inglés”. Por ello, reveló que se celebrará una reunión con las comunidades autónomas, para acordar una definición común de lo que “entendemos por bilingüismo”, para diseñar un programa de bilingüismo abierto a la participación de todas las autonomías que los deseen. En este sentido, concretó que su intención es aprobar el Plan de Bilingüismo a finales de 2012, para que pueda implantarse a partir del curso 2013-14. Mientras que expresaba el propósito de promover la enseñanza de una segunda lengua extranjera, también incidió en la utilización de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones.
Para concluir este tramo de su intervención, anticipó la sustitución de la asignatura de Educación para la Ciudadanía por una nueva asignatura de Educación Cívica y Constitucional: “proponemos una asignatura cuyo temario esté libre de cuestiones controvertidas y susceptibles de adoctrinamiento ideológico” y que proporcione a los alumnos el conocimiento de la Constitución como norma suprema, la comprensión de sus valores y de sus instituciones, así como de la historia e instituciones de la Unión Europea.
Universidad
Por lo que se refiere a la enseñanza superior, José Ignacio Wert reconoció que el sistema universitario necesita de un “gran impulso reformista” y que esa reforma debe orbitar sobre la búsqueda de la excelencia, competitividad e internacionalización” y precisó que constituirá un Consejo de Expertos de Alto Nivel, donde expertos universitarios abordarán estos temas y deberán facilitar, en un plazo de cinco o seis meses, un diagnóstico y recomendaciones de reforma del sistema.
En materia deportiva, el ministro concretó que el objetivo más inmediato son los Juegos Olímpicos de Londres 2012, por lo que se “priorizarán todas las medidas encaminadas a mejorar los resultados y apoyar la presencia española”. Pero también manifestó que entre los objetivos de su Departamento figura conseguir un mayor peso de nuestro país en los centros de decisión en el deporte y el apoyo institucional a las candidaturas olímpicas de verano Madrid 2020 y de invierno Barcelona Pirineos 2022. José Ignacio Wert señaló, como una prioridad urgente del Consejo Superior de Deportes, la tramitación de la Ley contra el Dopaje y que entre la normativa a revisar se encuentra la Ley del Deporte. Por último, comunicó que se diseñará un Plan para implantar un “verdadero sistema de Good Governance” en todas las entidades deportivas de ámbito estatal.
Grupos parlamentarios
El portavoz del PSOE, Mario Bedera, considera que si la educación básica se mantendrá en los 16 años, “no tiene sentido empezar a los quince un Bachillerato de tres años, en el que solo el primero es obligatorio”, ya que “en la práctica se reducirá un año la formación básica de toda la población” y que adelantar un año la elección de los alumnos hacia la FP o el Bachillerato “va en detrimento de la igualdad de oportunidades”.
Mientras Martí Barberá, de CiU, opinaba que la reforma de la Secundaria podría tener más inconvenientes que beneficios, la representante de Izquierda Plural, Caridad García, señaló “los brutales recortes” a la educación pública que han llevado a cabo las comunidades gobernadas por el Partido Popular y afirmó que “la educación no se puede considerar un gasto, sino una inversión”.
Por una parte, Arantza Tapia, del PNV, mostró su disposición al diálogo, aunque expresó sus dudas sobre la ampliación del Bachillerato, y por otra, Olaya Fernández Dávila, del Grupo Mixto, cuestionaba que en el primer curso de FP de Grado Medio o de Bachillerato se vayan a crear las condiciones óptimas para que los estudiantes se orienten hacia una de las dos opciones.
Para Carlos Martínez Gorriarán de UPyD, “hay diecisiete sistemas educativos distintos”, por lo que solicitó al ministro que el Estado vuelva a asumir las competencias educativas.
Reacciones de los diferentes sectores
La reforma educativa propuesta por el ministro ha dividido a la comunidad educativa, en especial entre quienes apoyan la desaparición de Educación para la Ciudadanía (EpC) y quienes creen que su sustitución por la denominada Educación Cívica y Constitucional responde a “presiones” que sólo servirán para renovar la “crispación”.
Por un lado, los sindicatos de la enseñanza CCOO y UGT, se han mostrado en contra de un cambio que “traerá crispación sobre un asunto que ya estaba resuelto en la comunidad educativa”, según señaló el secretario general de FETE-UGT, Carlos López. Por su parte, el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, José Campos, ha apuntado que “el cambio podría obedecer a ‘exigencias’ desde el PP y desde determinados sectores educativos”.
Por contra, el presidente del sindicato independiente ANPE, Nicolás Fernández, califica de “correcto” el cambio de denominación de la asignatura y el hecho de que se mantenga una “formación sobre aspectos como nuestra Constitución”, pero cambiando el nombre, que “parecía levantar suspicacias”.
También el presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), Antonio Rodríguez-Campra, ha celebrado los cambios, expresando su “confianza en que lleguen a buen puerto”, y precisó, respecto a la sustitución de la EpC que “era una vieja reivindicación de aquellos a los que no nos gustan los adoctrinamientos ideológicos”.
De la misma opinión es el presidente de la Asociación Profesionales por la Ética, Jaime Urcelay, quién ha manifestado que el anuncio de Wert “es una alegría que compensa muchos años de esfuerzo y lucha por la libertad frente al adoctrinamiento educativo impuesto por el Gobierno de turno”. Según Urcelay, el hecho de que se sustituya por una asignatura que explique la Constitución española y el sistema democrático no tiene nada que ver con EpC, y afirma al respecto que “bienvenida sea si no pretende introducirse en los valores de los alumnos y moldear su conciencia y pensamiento contra la voluntad de los padres”.
Los padres
Por contra, los cambios no han gustado a ninguna de las principales asociaciones de padres que, por motivos bien distintos, han mostrado su disconformidad con las reformas educativas. El presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres (CEAPA), Jesús María Sánchez, señaló que EpC “ha sido eliminada únicamente para contentar a los sectores fundamentalistas religiosos, pese a que se estaba impartiendo con normalidad”.
También el presidente de la Confederación Católica de Padres (CONCAPA), Luis Carbonell, se ha mostrado “decepcionado” porque esperaba la supresión total de la asignatura EpC en favor de materias más importantes como Lengua o Matemáticas, y ha precisado que, a su juicio, “los escolares deberían estudiar los derechos y deberes constitucionales pero de manera ‘transversal’ y no en una asignatura concreta”.
Por su parte, el jefe del departamento jurídico y portavoz de la Federación Española de Religiosos de Enseñanza-Titulares de Centros Católicos (FERE-CECA), Luis Centeno, ha valorado positivamente que se modifique la EpC “tanto en su nombre como en su contenido”.
Para el presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, con la desaparición de EpC “se acaba la anomalía histórica de un país europeo cuyo Gobierno intentaba instrumentalizar la escuela al servicio de la ideología particular del Gobierno de turno”.
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